debat3

La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España. Toda actuación del sector público ha de estar encaminada al servicio del bienestar colectivo y a la consecución de los intereses sociales. La contratación del sector público, a pesar de no ser una medida directamente destinada a tal fin, sino más bien al abastecimiento de obras y servicios necesarios, también debe contribuir en el logro de una sociedad más justa. Esta exigencia es, si cabe, hoy por hoy más imprescindible todavía a la luz de todos los casos de corrupción y enriquecimientos indebidos existentes a la hora de adjudicar los contratos públicos, que no hacen más que perjudicar los intereses sociales a los que sí se debería de atender. La normativa sobre contratación pública respalda desde hace tiempo la necesidad de que la contratación pública contribuya también en la consecución de los fines sociales.

Por todo ello, el grupo municipal de Ganemos Toledo realiza la siguiente

Propuesta:

Actualizar la instrucción reguladora relativa a la inclusión en los pliegos de cláusulas de criterios de adjudicación sociales y medioambientales del Ayuntamiento de Toledo de manera que sea obligatoria la inclusión de cláusulas sociales en todos los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Toledo, sus organismos autónomos y las entidades del sector público municipal, que tengan por objeto la ejecución de obras, prestación o gestión de servicios, a través de los diferentes tipos de contratos o sistemas de racionalización de la contratación regulados en el TRLCSP, más allá de cláusulas para dirimir empates.

En concreto, los órganos de contratación, deberán incluir las especificaciones técnicas relativas a los siguientes términos:

  1. la obligación de que los bienes o servicios objeto del contrato hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas sociolaborales vigentes de España, la Unión Europea o la Organización Internacional del Trabajo.

  2. que tengan en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el TRLGDPD.

  3. que incorporen la perspectiva de género en los contratos que celebren, a través de cláusulas sociales relativas a la igualdad entre mujeres y hombres; empleo de lenguajes no sexista en documentación, materiales o información pública que utilicen.

  4. que defiendan la estabilidad en el empleo de las personas trabajadoras mediante:

    1. la consideración en la determinación del precio del contrato del salario base establecido en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación más el complemento de antigüedad

    2. la inclusión específica de previsiones relativas al mantenimiento de los derechos de las personas trabajadoras en caso de transmisiones de empresas y centros de actividad cuando proceda.

  5. que en relación con la accesibilidad, apliquen, a determinados contratos en virtud de su objeto, especificaciones relacionadas con los portales web, la adquisición de equipos informáticos accesibles, o el cumplimiento de la normativa de accesibilidad contenida en el CTE.

  6. que en materia de seguridad y salud laboral consideren especificaciones técnicas relativas al cumplimiento normativo y a la adopción de medidas especiales en el caso de que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños.

  7. que en materia de empleo, incluya especificaciones técnicas relativas a la afiliación a la seguridad social para el control del empleo sumergido y sobre la subcontratación, especialmente en los contratos de obras.

Además de lo anterior y por norma, los pliegos deberán incluir, como mínimo, una cláusula social, bien como condición especial de ejecución, bien como criterio de adjudicación, en función de la naturaleza y características de cada contrato.